Anoche 10 de septiembre de 2007, participamos en la muy justa y contenida marcha de rechazo a la libertad de los Paiva, homicidas de 400 personas al mandar a cerrar las puertas del supermercado Ycúa Bolaños del barrio Trinidad, en Asunción, mientras éste sufría un feroz incendio.
Los Paiva, padre e hijo, dueños del supermercado, dieron la orden de cierre de puertas que condenó a la muerte, el sufrimiento físico y moral a cientos y miles de personas, incluyendo a sobrevivientes, familiares y amistades de quienes allí perecieron o salieron dañadas. Trabajadores y clientes, víctimas principales de esa hoguera del consumo y el capital.
La marcha fue larga, larguísima. Hasta el centro de la ciudad, a la plaza de la "democracia", para depositar en ella basura y huesos e interiores de animales para devolver simbólicamente a los poderosos y a los tribunales el trato que ellos han dado ha todos y todas quienes han sufrido la masacre del supermercado Ycúa Bolaños.
Pues a este pueblo víctima del incendio, se le ha tratado como basura y, como ellos y ellas han dicho "se nos sigue quemando en vida", con cada decisión jurídica y estatal que cimenta la impunidad de todos los responsables en esta innecesaria masacre.
El sistema judicial paraguayo no es distinto a cualquier otro sistema judicial de cualquier otro país. Cumple el mismo objetivo: dar seguridad a los poderosos y tranquilizar a los pobres e indignados. Tiene por razón asegurar que el tiempo burocrático tranquilice y haga sumisos a quienes se sienten atropellados en sus derechos, Y bajo el mismo concepto, hacer más poderosos a los poderosos y convertir en derecho y garantía lo que fue crimen y robo por parte del poder.
Por ello, que la justicia libere a los culpables con dinero (como los Paiva) y al mismo tiempo encarcele o amenace con encarcelar a quien expresa su lógica indignación (como sucede con las organizaciones de víctimas de Ycúa Bolaños) no tiene nada de raro, sino que muestra la absoluta normalidad con que funciona el sistema judicial paraguayo
Las amenazas de inhibirse de los jueces que llevan el caso, responsabilizando a las organizaciones de víctimas por una supuesta "amenaza" de violencia contra ellos, no es más que la puesta en evidencia del interés de los tribunales de hacer verdadera justicia, es decir, dejar impune al rico y culpabilizar a los y las desposeídas.
Por ello no es conveniente ni prudente esperar algo de la así llamada justicia en tanto víctimas del Ycúa Bolaños, porque no es para ellas la justicia que ofrecen los tribunales paraguayos. No es prudente tampoco pensar que frenando las justificadas y lógicas ganas de expresar la indignación ayudamos a hacer justicia.
No ha habido justicia para las víctimas de Ycúa Bolaños desde ese 1 de agosto de 2004. Ningún gesto del Estado, ninguna acción para apoyar a los mutilados, a los deudos, a los huérfanos, a quienes perdieron familias completas. Si ha habido, y con toda eficiencia, la construcción permanente de la impunidad necesaria para que la estructura social paraguaya persista. Construyen impunidad los tribunales y por supuesto, el ejecutivo y ante todo, la prensa.
La construcción de impunidad no consiste sólo en que los a todas luces culpables no reciban castigo, o no reciban el castigo suficiente, sino que además consiste en culpabilizar a las víctimas y a los movimientos sociales que solidaricen con ellas, consiste en trasladar la culpa a quienes ya portan la pena, se trata de demoler la resistencia moral de quienes exigen justicia haciéndoles responsables del funcionamiento de la máquina jurídica. También la impunidad se construye tachando el crimen de la memoria colectiva. En eso los medios son expertos y la lucha contra el olvido constituye un eje en la reparación necesaria.
Es a todas luces una situación tramposa. Intenta la prensa, la judicatura y el estado no sólo inmovilizar a quienes hasta ahora llevan adelante la lucha, sino además intentan hacerlas asumir un silencio obsecuente y una conciencia culposa respecto a sus actuaciones. Intentan, los medios, el estado, los tribunales, para que la impunidad sea completa, convertir la justa rabia individual y social en una resignación muda y culpable que permita cerrar el círculo.
Para ello cuentan con que pase el tiempo, con que los medios sigan descalificando las acciones de quienes se movilizan, tachándolas de violentas e irracionales, desplazando así la estricta violencia que fue la orden de permiten la quemazón de cuerpos vivos de seres humanos al fútil pero reparador acto de, por ejemplo, interrumpir el tránsito vial. Con ello nos dicen de paso, que la masacre del Ycúa Bolaños fue un hecho estrictamente racional. Son las fisuras del lenguaje.
En este momento, esperar justicia, tener esperanzas en la justicia, no resulta prudente. Más prudente será desoír los llamados a una calma simplemente útil a la construcción de impunidad y actuar denunciando este permanente abuso, esta permanente injusticia. Movilizaciones sociales que construyan un esbozo de justicia social, que por lo menos permitan, en la acción colectiva e individual, el efecto satisfactorio de cierta reparación obtenida socialmente y no a través de los aparatos judiciales burocráticos que velan por el mantenimiento del estado de cosas.
Se trata en definitiva de cómo decía alguien en la asamblea de Ycúa Bolaños, allí en ese Memorial a las víctimas del incendio, de no pisar el palito, de no esperar peras de ese olmo, y de caminar con paso firme en la construcción de una reparación social y en la condena a todo aquello que alarga el daño y construye impunidad: tribunales, policía, fiscalía, gobierno, municipalidad, empresarios, el estado, los medios de comunicación, los periodistas serviles, etc.
Pelao carvallo
11 de septiembre 2007
Asunción Paraguay
